La muerte lenta de los desaparecidos en Chile

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La negación y el rechazo de los violadores. Los violadores de los derechos humanos mantuvieron un contumaz rechazo a estos hechos y los negaron recurriendo a toda clase de argumentos: el primero fue el de ridiculizarlos y negarlos; a continuación fue el de declarar que fueron necesarios y estaban justificados para disciplinar a lo sociedad; después ya no pudieron negarlos y los aceptaron como posibles pero como excesos aislados.

Finalmente se atrincheraron en que era necesario establecer la verdad judicial y que había que esperar las sentencias judiciales y el desvío judicial condujo los casos a procesos sin fin. La justicia tarda pero no llega. En los procesos por violaciones a los derechos humanos, los tribunales tenían especial interés en tramitarlos indefinidamente porque el Poder Judicial fue el aval que legitimó a la dictadura militar apenas se produjo el golpe y todos los miembros de la Corte Suprema y sus clones posteriores fueron convencidos partidarios de la dictadura militar.

De manera que la justicia ha jugado, en general, el rol de legitimar la violación a los derechos humanos: en una primera etapa al negar los recursos de amparo. Actualmente, después de 20 o 30 años de tramitaciones judiciales, los casos de violaciones a los derechos humanos se encuentran amnistiados, cerrados definitivamente o temporalmente. Ahora Contreras goza de libertad pues los procesos pendientes? Un caso ilustrativo es el del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, un juez no avanzó nada en 10 años y otro lo resolvió en un par de meses.

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En otros casos ha habido avances a pesar de los jueces y gracias a la perseverancia de los abogados de derechos humanos. Los casos actuales son muy pocos, en relación a la cantidad de víctimas y procesos iniciados. Actualmente sólo hay cinco militares condenados que deberían estar encarcelados.

Justicia y reparación o impunidad y olvido. Ha transcurrido tanto tiempo que hay un cansancio notorio en la sociedad chilena por la prolongación de esta situación de violación a los derechos humanos. Por una parte los militares han exigido olvido por el bien de la patria, han sostenido que nada saben y que hay que esperar la verdad judicial. Los partidos de derecha, que fueron el sustento político de la política de violaciones a los derechos humanos, han reiterado que la preocupación debe centrarse en el futuro y no seguir escarbando las heridas del pasado.

Los familiares de los detenidos desaparecidos y algunas otras organizaciones de derechos humanos, ya muy debilitadas, han exigido la justicia, la verdad y la reparación. La política de la Concertación. La Concertación ha sido un gran fraude en materia de derechos humanos. El restablecimiento de estos derechos ha sido su logro central, pero han tenido una incapacidad casi absoluta para resolver el problema del pasado y han inventado algunos placebos para engañar a los familiares. Esta actitud no es una posición deliberada, al contrario, permanentemente ratifican verbalmente su compromiso con los Derechos Humanos y con la justicia y la verdad..

Lo que ocurre, es que aquellos que llegaron al poder en , se encontraron con una democracia protegida y con una serie de leyes de amarre que los maniataron. Los símbolos reemplazaron a los hechos y desarrollaron la políticas de los placebos. Para ello fueron descendiendo éticamente por tres peldaños que los condujeron al debacle moral en el cual ahora se encuentran. Estas tres teorías se sintetizan en los eslóganes que usaron los tres presidentes de la Concertación sucesivamente.

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El resultado fue no molestar a las fuerzas armadas y producir un libro que entregaba la verdad el Informe Rettig. Pero esta verdad no era tal, pues partía de dos concesiones fundamentales:. De esta manera la verdad era que en la dictadura militar no había habido tortura y que las violaciones a los derechos humanos eran delitos igual que los crímenes políticos, desconociendo que las violaciones a los derechos humanos sólo ocurren cuando el Estado es el ejecutor, a través de sus funcionarios o personas protegidas por esta institución.


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La derecha celebró este éxito y los militares reconocieron vagamente su participación en los horrores limitados descritos en el informe, los que quedaban balanceados, sino en cantidad, en calidad con los crímenes políticos ocurridos en el período, crímenes que evidentemente deben ser sancionados, pero que constituyen delitos de otra naturaleza. Con el informe Rettig al establecer esta igualdad conceptual dejó en claro que la diferencia era meramente cuantitativa.

Esta ley, siguiendo el criterio aceptado de igualar los hechos, benefició a todos los parlamentarios que habían apoyado el golpe militar y que fueron posteriormente altos funcionarios del régimen militar, favoreciendo también a gran parte de los actuales directivos de la Concertación que habían sido exonerados. En realidad fue para toda la clase política, ya que sólo en estas condiciones se consiguió el apoyo parlamentario. El tema de la dignidad se redujo a autorizar un monumento a las víctimas dentro del Cementerio General de Santiago.

En países como España, Uruguay, Brasil y Argentina, los académicos exonerados de las Universidades fueron reintegrados al término de las respectivas dictaduras, en Chile ninguno fue reincorporado y todos los académicos que habían ingresado a las Universidades durante la dictadura y nombrados sin que hubiera concursos, fueron mantenidos en sus puestos.

Con el segundo gobierno de la Concertación, el descenso ético continuó. Esta doctrina medieval, es antagónica con la doctrina de los Derechos Humanos y la teoría del Derecho Humanitario, ya que las violaciones a los derechos humanos pueden ser procesados en cualquier lugar del mundo porque se trata de violaciones en contra del ser humano, cualquiera sea su nacionalidad o ubicación. Nunca un gobierno de Chile había puesto todo su esfuerzo en lograr la vigencia de esa doctrina contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y especialmente opuesta a la Convención en Contra de la Tortura que Chile había firmado.

El tercer paso en el descenso fue la política ética declarada por el presidente Lagos, en quien se habían fundado grandes esperanzas de cambio. Esto significa que los Tribunales de justician deberían funcionar y resolver los casos de derechos humanos. De esta manera el poder ejecutivo rehuía cualquier responsabilidad en esos procesos y respetando la independencia del Poder Judicial esperaba que funcionara un aparato cuya razón de ser había sido la de no funcionar.

En conclusión habría que esperar. Los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que han solicitado indemnización, el Consejo de Defensa del Estado, las ha rechazado argumentando plazos vencidos, prescripción y penuria fiscal.

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Sin embargo, a la familia del ex canciller Letelier se le pagó una indemnización de varios millones de dólares, por la presencia en el trasfondo de los Estados Unidos. Podemos espera entonces que los Tribunales de Justicia resuelvan los casos de violaciones a los derechos humanos. No es lícito apresurarlos porque la justicia es lenta. La avalancha de proyectos. Este símbolo parece golpear la conciencia y los intereses de todos y ahora parece haber una situación real que conduce a una salida. Hace 25 años Odlanier Mena, jefe de la CNI, convocó a representantes de la Iglesia y elaboró un proyecto que ahora dio a conocer: -amnistía para ambas partes -ley de muerte presunta para los detenidos desaparecidos -pensiones de gracia para las familias de las víctimas.

Las declaraciones del General en Jefe del Ejército, Sr. Juan Emilio Cheyre propone una solución a futuro. La solución no es sólo de la Fuerzas Armadas, es de todos. Todas las autoridades deben colaborar, no sólo el gobierno. Unidad nacional Para algunos directivos de la Concertación, éste ha sido un gesto histórico del Ejército. Reparación con justicia a plazo fijo. Mejorar las pensiones de todos los familiares de las víctimas que figuran el Informe Rettig y el complemento.

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Establecer una indemnización para las familias de las víctimas modificando las leyes que lo impiden. Mantener los jueces exclusivos. Indulto general a los presos y condenados por violencia política. Igualdad para los familiares de todos los familiares, sean familiares de las víctimas de los derechos humanos o de militares muertos por violencia política. La igualdad que sostiene la UDI, en el fondo, es desigualdad, pues favorece con nuevos privilegios a los familiares de las víctimas militares, las que habitualmente gozan de las mejores pensiones del sistema previsional de Chile.

La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC , que entonces ejercía influencia en la zona, firmó la paz en y ha prometido verdad a las víctimas.

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